Entrevista a Luz Patricia Mejías

Justicia de género vs cultura patriarcal en América: avances, retrocesos y desafíos

Nov 24, 2019 | Entrevistas | 0 Comentarios

En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, día internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer, El Entrompe de Falopio conversó con Luz Patricia Mejías, secretaria técnica del MESECVI: Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) sobre la situación de la justicia de género en la región y en Venezuela específicamente.

Luz Patricia nos brinda en esta entrevista orientaciones claves para los Estados y para la organización feminista que cada día tiene más fuerza y diversidad en nuestra región.

¿Se puede hablar de avances en justicia de género en América Latina? ¿Cuáles serían?

A lo largo de estos 25 años de Belem Do Pará han ocurrido muchas cosas. Lo primero es que los Estados una vez que se comprometieron a garantizar los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y a ser educadas libres de patrones estereotipados, empezaron a generar una cantidad de leyes de protección que pretendían cuidar a la mujer, pero que en la práctica terminaron promoviendo la protección y la defensa de la familia. Evidentemente, esto fue un avance porque este modelo de ley que se generó a lo largo de la región tenía unas medidas cautelares que preveían que los hombres podían ser detenidos cautelarmente mientras que se sustanciaba el caso. En la práctica eso fue un avance que, sin embargo, con el tiempo y con estas sociedades patriarcales en las que vivimos se fueron consolidando para proteger más que a la mujer, a la familia.

Tuvimos un primer avance que se fue estacando más en la concepción familista que de protección a la mujer pero que, de no tener nada, pasamos a tener un primer instrumento, una primera herramienta para llamar la atención de lo que pasaba en el ámbito privado. 

El mismo movimiento de mujeres, las mismas que demandaron la existencia de un derecho humano a vivir libre de violencia fueron las mismas que comenzaron a cuestionar la existencia de estas leyes que no reconocían la violencia contra las mujeres como casos que fuesen llevados a través de tribunales penales, sino que quedaban en el orden de lo familiar y no transcendían a procesos estables y duraderos.

 

Las consecuencias de muchos de estos procesos era que las mujeres regresaban a sus casas, los hombres regresaban después de tres días de estar detenidos y, en los casos leves, la violencia tal vez disminuía, pero en los casos más graves las mujeres regresaban a sus casas y ese lugar se volvía el lugar más peligroso para ellas una vez que los hombres también volvían.

En ese proceso se empezó a cuestionar la naturaleza de estas leyes que protegían a la familia porque la percepción era “no se pelean”, “vengan y medien” “queden de acuerdo en que no van a seguir peleando”, “devuélvanse a sus casas, cuiden a sus hijos y construyan una familia feliz”.  Lo cierto es que, en ese primer proceso de acceso a la justicia, que antes no existía, se empieza a exigir que se dé una mirada más amplia e integral de cómo opera esta violencia y de cuál es el efecto que han tenido estas leyes de prevención de violencia intrafamiliar que fueron lo que llamamos una primera generación de leyes de protección.

Luego se iniciaron, y en esa fase estamos, una segunda generación de leyes que establecen una revisión más amplia e integral de lo que es violencia contra las mujeres. Ya no solo estamos hablando de una violencia que ocurre en el ámbito familiar sino de una que ocurre por el hecho de ser mujeres, por relaciones desiguales de poder que se han instalado tanto en el ámbito de lo privado como en el público.

Las relaciones desiguales que se establecen en el ámbito público tienen que ver con la sociedad o la comunidad donde las mujeres desarrollamos nuestras vidas. Esto incluye la violencia en el ámbito del trabajo, de la salud, de la educación, los crímenes trasnacionales como la trata de personas que masivamente afecta a las mujeres y a las niñas y, luego, la Convención es muy clara cuando habla de la violencia contra las mujeres frente a los agentes del Estado.

Empezamos a tener una mirada que se fija en esas otras violencias y empezamos a tener un desafío mayor para la justicia; esta se ve en la obligación de ver la violencia en un concepto más amplio. Empieza la justicia a tener mayor precariedad porque se eliminan estas medidas cautelares que eran de alguna manera administrativas, y que no pasaban de un proceso administrativo, y se empiezan a judicializar los hechos de violencia contra las mujeres tanto en el ámbito penal como en el civil y comenzamos a ver una reacción compleja en la justicia, porque

la justicia, en definitiva, es una justicia patriarcal que no sabe, no entiende de qué estamos hablando cuando mencionamos la violencia contra las mujeres

Entonces, hay un importante avance porque tenemos una justicia que se ve en la obligación de atender los casos de violencia. Luego, tenemos los desafíos que supone todo ese proceso que, yo creo, es el momento en el que estamos ahora.

La Convención no solo nos habla de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, sino de crecer y ser educadas, sin discriminación basada en estereotipos de género como las relaciones de subordinación que terminan profundizando la desigualdad. Entonces, estamos en el momento donde se desafía a la justicia por los hechos que masivamente siguen ocurriendo en la vida de las mujeres. La justicia se ve en la obligación de tener una mirada más amplia de lo que hablamos cuando hablamos de violencia contras las mujeres por razones de género, de violencia contra las mujeres por razones de desigualdad de poder y cuando hablamos de delitos contra las mujeres por razones de género.

¿Qué aspectos siguen detenidos o constituyen aún desafíos importantes?

Estamos en un momento en el que, cuando analizamos las decisiones judiciales, tenemos órganos especializados en buena parte de la región, fiscalías especializadas, tribunales especializados o tribunales que no están especializados, pero tienen competencia para esta materia.

Cuando tratamos de entender qué está pasando lo que encontramos es que

los estereotipos de género relativos al rol de las mujeres siguen anclados en una mentalidad machista y patriarcal de quienes ejercen la obligación de sancionar la violencia contra las mujeres,

eso incluye a  hombres y mujeres que aún en el día de hoy cuestionan si las mujeres estaban solas, si estaban bebidas, si dieron o no consentimiento cuando ya las mujeres víctimas manifestaron que no lo habían dado, entonces todavía se investiga el comportamiento de la víctima, se investigan testimonios que hablan de la mujer que ha sido asesinada por razones de género para justificar las razones por las cuales fue asesinada, para desmontar o valorar pobremente las pruebas que aporta la víctima o la sobreviviente o los familiares de ésta versus la construcción que se hace del agresor que “amaba demasiado” o que tenía razones suficientes para cobrarse la vida de la víctima. Entonces, ¿hemos avanzando? Sí, definitivamente hemos avanzado. ¿Qué ha significado este avance? Cada vez más una visibilización de cómo esos patrones de subordinación de las mujeres todavía tienen una clara vigencia entre los mecanismos que administran justicia.

Tenemos una gran brecha entre lo que ya reconocemos como derechos, entre lo que ya se reconoce como obligaciones para los Estados y lo que las mujeres realmente viven frente a la administración de justicia cuando denuncian una violación de sus derechos.

Por otro lado,

si bien hemos avanzando en especialización, en conocimiento, en legislación, el conocimiento y la transformación cultural, que es a lo que se refiere ese derecho a no ser discriminadas y a ser educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento, sigue siendo un gran desafío para toda la región.

Mi generación aprendió a leer con un libro que decía “mi mamá hace la masa”, mientras que el patrón para la lectura de la “P” era “mi papá fuma la pipa”. Había y hay hoy en día una construcción profunda en los sistema de valores que se inculcan desde la más temprana edad que profundizan esos roles estereotipados, los “juegos de niños”, los “juegos de niñas”, el cómo los colegios siguen diferenciando donde las niñas pueden jugar, donde los niños pueden jugar, qué juegan unos y otros, estableciendo cosas tan sencillas como que son los niños los que juegan en el patio mientras que las niñas terminan jugando en los pasillos, quedándose en el salón de clases porque “si jugamos en el patio los chicos nos pueden dar un pelotazo”. Eso es algo que yo viví en la educación de mi hija que hoy tiene 15 años pero que muchas de las madres de la región siguen viéndolo en el colegio; la mitificación de las princesas Disney, el valor de la belleza impuesta, de la belleza sumisa, porque no es solo el valor de la belleza que nos imponen sino el valor de la belleza sumisa; la necesidad de atender al hombre.

Otro elemento es el valor mayor que se le da a la presencia del hombre en lo público, la disminución de la presencia de las mujeres en los espacios mediáticos. Más allá de que las mujeres cada día somos más activas y participamos más, seguimos teniendo menos presencia que los hombres en los medios de comunicación para participar en decisiones en el ámbito de lo público. Los tiempos en los espacios mediáticos que tienen las mujeres políticas siempre son mucho menores a los que tienen los hombres.

Hay todavía en la presencia cultural de nuestros sistemas de valores en la región una presencia de lo masculino que sigue impactando no solo en lo que vemos sino en lo que reproducimos como valores y en ese espacio es donde se profundizan estos roles de subordinación que terminan impactando en la presencia colectiva, no solo de aquellas personas que están llamadas a decidir los casos de mujeres, sino también de los procesos educativos. Donde aprendemos cuáles son nuestros derechos no tenemos estructuras que permitan que esos derechos sean efectivos en la realidad, por ejemplo: la mayoría de nuestros países tienen normas de convivencia estudiantil pero es la escuela uno de los principales espacios donde las niñas son violentadas o los colegios tienen conocimientos de que hay violencia.

Cuando nosotros entrevistamos desde el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belem Do Pará a los Estados y les preguntamos cuáles son los mecanismos desarrollados para avanzar o canalizar las denuncias que se dan en el ámbito educativo nos damos cuenta de que los Estados no sólo no tienen información al respecto, sino que no han desarrollado estrategias y mecanismos para contener esas violencias que se dan en el ámbito de lo público educativo. Hemos visto en la región procesos muy interesantes como las marchas que se dieron en Chile hace año y medio denunciando la violencia sexual en las aulas escolares, sobre todo en las universitarias, y también en el mismo sentido en Costa Rica. Sin embargo,

 

si hacemos una encuesta muy amplia a mujeres de la región nos daríamos cuenta de que muchas de las mujeres que pasaron por procesos educativos tuvieron experiencias que van desde violencia y acoso sexual hasta violencia física y psicológica; entonces, hay un sistema que todavía tenemos que desmotar y en ese proceso está uno de los mayores desafíos.

¿Qué aspectos deberían ser prioritarios para los Estados para disminuir la impunidad y avanzar en una justicia de género efectiva en un marco de derechos humanos?

Otro elemento que yo creo que tiene que ver mucho con la impunidad y que tiene que ver con estos mecanismos que se siguen reproduciendo en los ámbitos de la justicia es que, por más que se haya invertido en desarrollar políticas públicas en la región y en establecer especialidades para los organismos de administración de justicia, nos damos cuenta de que la inversión de recursos que hacen los Estados es muy pequeña para la gravedad del problema. El reporte  de Naciones Unidas en la oficina de drogas y delitos de hace un año y medio reportaba que

80 mil mujeres murieron en todo el mundo víctimas de violencia por parte de algún familiar o alguna persona conocida. De esas 80 mil mujeres, muchas estaban en 14 países de nuestra región. Un análisis que hacía el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do Pará sobre los presupuestos que fueron identificados para la prevención de la violencia indicaba que ninguno de estos países invierte ni el 1% para prevenir esta práctica. Entonces, estamos diciendo que tenemos un sistema masivo de reproducción de valores de subordinación con un sistema minúsculo de prevención y transformación de estereotipos de género; esto significa que los jueces siguen decidiendo masivamente que las mujeres deben volver a su casa, siguen devolviendo a las mujeres con una orden de protección que sólo es un papel, siguen devolviendo masivamente a hombres agresores a las casa donde están sus parejas o exparejas, siguen devolviendo chicas víctimas de violencia a la escuela o siguen apartando niñas que han sido víctimas de violencia sexual de su entorno familiar mientas que los agresores continúan en el entorno familiar, y así una cantidad de mecanismos de reproducción de esa violencia que lo que hacen es poner a las niñas y a las mujeres en un estado de indefensión después que acuden al sistema de administración de justicia.

Tenemos un desafío muy grande que está teniendo unas resistencias masivas. La marea verde y la marea feminista que se han extendido a lo largo y ancho de la región americana son importantes, pero aún siguen siendo muy pequeñas para los espacios de reproducción de esos mecanismos de violencia y discriminación que siguen existiendo en sistemas patriarcales claramente anclados.

¿Los Estados reportan qué presupuesto destinan a la justicia de género? ¿hay algún marco de exigencia?

Este es uno de los temas más complejos. En el sistema de indicadores que trabajamos a través del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do Pará los Estados reportan montos absolutos, reportan algún porcentaje, pero tienen muchísima dificultad en poder no sólo asignar presupuesto para la justicia en materia de sanción de la violencia, sino que les cuesta mucho priorizar dentro de sus presupuestos el valor que tiene la prevención frente a lo costoso que puede ser movilizar el aparataje del sistema para lograr un sanción y una reparación. Nosotras revisamos las leyes de presupuesto nacional e identificamos en todos los Estados de la región el presupuesto que había sido asignado para los mecanismos nacionales. Es ese presupuesto el que no llega al 1%. 

El presupuesto que va dirigido para prevención es mucho menor. Esa prevención que se hace dentro de los mecanismos nacionales de las mujeres son, en general, mecanismos pequeños, mecanismos pobres, reducidos; no tienen ningún impacto en las partidas que deberían existir en aquellos presupuestos fuertes como los asignados a los ministerios de justicia, a los tribunales, al sistema de administración de justicia, a las fiscalías y las procuradurías que persiguen los delitos de violencia contra la mujer.

. Entonces, tenemos un desfase muy grande entra la reproducción del valor de subordinación que sigue establecido a través de mecanismos formales y no formales de la educación y por otro lado el poco dinero que se invierte 1) para generar información masiva sobre cuáles son nuestros derechos y 2) para responder a través de la justicia cuando esos derechos han sido vulnerados.

En el caso específico de Venezuela, ¿cómo se sitúa en cuanto a la región en avances y desafíos en justicia de género?

La situación de Venezuela tiene complejidades por diferentes vías. Entre el 2000 y 2010 Venezuela se situaba entre uno de los países que tenía avances estructurales de mayor envergadura a nivel de obligaciones internacionales en materia de Belem Do Pará. Venezuela fue de los primeros países que especializaron la justicia, que tenía una ley integral que reconocía una cantidad de violencias que en la región no había sido reconocidas, como la violencia simbólica, la violencia institucional, la violencia obstétrica, que hoy en día sigue siendo uno de los delitos mayor extendido en la región y menor reconocido y, en consecuencia, menos perseguido.

La ley venezolana fue una ley de vanguardia, una ley que levantó información sobre la importancia de reconocer  estos delitos de violencia contra las mujeres por razones de género, en la misma medida se le dio rango de ministerio al ministerio de las mujeres, se crearon políticas públicas para atender las necesidades especiales de las mujeres, se diseñaron políticas públicas dirigidas a poblaciones particularmente vulnerables, hubo un incremento de visibilización de las necesidades de las mujeres y en consecuencia un grupo de legislaciones dirigidas a proteger  a las mujeres de la violencia y  la discriminación. Sin embargo, el proceso de implementación de esas medidas, el proceso de recursos dirigidos a la atención de las mismas, en la medida en que la crisis venezolana de carácter político, económico y social se incrementó, se fue desdibujando. Fueron perdiendo de alguna manera importancia, se fueron politizando los recursos destinados a estos temas y lo cierto es que, aún cuando ha habido un reconocimiento estructural en la importancia de atender estos temas, el impacto de la crisis en las mujeres venezolanas ha hecho que se retroceda en estos avances y ha profundizado las razones por las cuales las mujeres sufren violencia y discriminación.

 

Venezuela es un país donde un gran porcentaje de familias están encabezadas por mujeres, donde la calidad de los servicios y las políticas públicas dirigidas a los sectores más empobrecidos han desmejorado, en el caso de las políticas con perspectivas de género, por ejemplo, el hecho de que las mujeres no tienen acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva, que las mujeres no tengan capacidad de controlar su propia sexualidad en la medida en que no tienen posibilidad de protegerse de hijos no deseados, no tienen acceso a recursos para poder interrumpir el embarazo e incluso se persiguieron los procesos de interrupciones del embarazo en un momento.

Uno de los grandes procesos que estamos experimentando ahora es que las cifras y las estadísticas que nos reportaba Venezuela como parte del Mecanismo de Seguimiento no las hemos recibido para estos últimos 4 años,

con lo cual no podría afirmar si ha habido un aumento o una disminución de los casos de persecución por interrupciones del embarazo, lo que sí es cierto es que este proceso ha ido avanzando y afectando críticamente a muchas mujeres. En los procesos migratorios masivos han sido presas de ese caldo de cultivo de las redes de trata, lo que hemos venido recibiendo nosotras como información masiva es el número de mujeres y niñas venezolanas que están siendo víctimas de trata y, al mismo tiempo, mujeres que han sido víctimas de femicidio o feminicidio luego de haber migrado. Hay una situación con las mujeres que han salido del país y otra que está ocurriendo con las que se quedaron, que los estudios han demostrado que en situaciones de crisis social aumenta la violencia en general y la violencia contra las mujeres en particular. La situación venezolana ha afectado la calidad de vida de las mujeres, pero también su derecho a vivir libre de violencia y discriminación; el sistema de administración de justicia se ha venido deteriorando, no sólo en la calidad de los servicios del acceso a la justicia sino también en la trasparencia en la que esos servicios se prestan. Nosotras en las últimas informaciones que hemos obtenido de varias Organizaciones No Gubernamentales, nos compartían que acudir a los servicios policiales, de tribunales, cuesta determinada cantidad dinero, cuando legalmente dicen ser gratuitos. Las mujeres no encuentran el lugar para satisfacer sus demandas de justicia, mucho menos cuando de violencia se está hablando.

Hay una situación muy grave en lo que tiene que ver con ese reconocimiento de derechos que se dio en la primera década de los años dos mil frente a la realidad que están viviendo las mujeres y niñas venezolanas hoy, no sólo las que están migrando, que, como decía, están siendo presas de crímenes de alta envergadura, sino también las mujeres que están en el país que ven limitados sus derechos económicos, sociales y culturales. En esta crisis política, económica y social que se está dando hay un deterioro masivo de los derechos reconocidos en tanto el ejercicio de esos derechos no está siendo efectivo.
¿Qué recomendación le harías a las organizaciones feministas y de derechos humanos de mujeres para incidir en una mejor respuesta en justicia de género por parte de los Estados?

En Venezuela, el movimiento feminista siempre ha sido fuerte, independientemente de las diferentes visiones ideológicas que se tienen del feminismo. Desde una posición más regional podemos ver cómo el movimiento feminista venezolano tuvo un impacto muy importante en lo que fue la Convención de Belem Do Pará y en lo que fueron los procesos de reformas en las leyes de los códigos civiles que eran profundamente patriarcales en nuestra región y también tuvieron una demanda muy importante porque fue Venezuela el primer país que tuvo paridad en las listas, aunque no fuera en una ley. Hoy en día es el único país de la región que no reconoce la paridad ni en una norma constitucional, ni en una norma legal ni en una norma sub legal.

Venezuela ha sido la vanguardia en muchos temas y hoy en día no sólo está en la retaguardia, sino que tiene una crisis que ha generado una profundización de las violencias hacia mujeres, que hace muy complejo para ellas poder exigir sus derechos, sin embargo, en paralelo hay movimientos que están resurgiendo, naciendo o fortaleciéndose y creo que eso es muy importante.

Desde el año 2000 hubo una transferencia y una masificación de un discurso feminista más en sectores juveniles, más desde medios de comunicación, desde las redes sociales, hubo un crecimiento importante de la visibilización de la problemática. Partimos de nuestras antecesoras y se ubicó el tema en un espacio mucho más amplio, mucho más masivo y creo que eso ha sido un elemento fundamental e importante más allá de las ideologías. Sin embargo, creo que es importante tender el puente en espacios en el movimiento feminista venezolano donde haya acuerdos que no se puedan soslayar, hay algunos elementos que tiene que ver con el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos donde hay claros acuerdos más allá de una perspectiva ideológica distinta. Hay elementos que son fundamentales.

En cuanto a la paridad, Venezuela no se puede quedar en la retaguardia, tiene que asumir desde el movimiento feminista una demanda importante sobre la paridad, sobre el aborto, sobre la profundización de la justicia, sobre la defensa de los derechos que ya han sido reconocidos en nuestras leyes y sobre el desmontaje  de estos sistemas y patrones estereotipados que se siguen profundizando terriblemente en los medios de comunicación públicos y privados, de la publicidad sexista, de los mensajes de odio que se trasmiten y se retrasmiten. Creo que ahí hay unos acuerdos que históricamente han sido las demandas del feminismo venezolano y que en ese espacio hay una necesidad de tender puentes para avanzar a esos temas, en la necesidad de resolver el acceso de las mujeres y las niñas para el control de la natalidad, a retomar medidas públicas, que fueron reconocidas durante la primera década del año 2000, relativas a la interrupción del embarazo a través de mecanismos que garanticen seguridad y que se deje de perseguir el aborto.

Hay elementos que nos permiten avanzar unidas hacia mecanismos para confrontar la complejidad del deterioro masivo del salario venezolano, de los ingresos y ver cómo en este reordenamiento de necesidades también el feminismo se instala desde sus diferencias en una permanente reconsideración de cuáles son los mecanismos que tenemos que abordar unidas para trabajar estos temas. Ese es el gran llamado que he hecho y que seguiré haciendo porque es muy importante sentar las bases de unos acuerdos mínimos que nos permitan salir unidas por objetivos comunes,

como se hizo en Argentina. Creo que el ejemplo de Argentina en todo el proceso de legalización  del aborto libre y gratuito que todavía no se ha sancionado, pero que cada vez es más claro que se va a sancionar, cada vez es más claro que hay una codena social al hecho de que las mujeres sean perseguidas por el hecho de abortar, este ejemplo es el que tenemos que seguir. En Argentina todas las ideologías se unieron en un camino a recorrer, desde sus diferente miradas y apreciaciones, pero todas desde la defensa de la vida de las mujeres, yo creo que es un ejemplo que debemos seguir y que es bueno que exploremos.

 

Pin It on Pinterest

Share This